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VERACRUZ  

Contrato a Aquapress por 300 mdp

Ana Lilia Pérez
Una empresa inhabilitada por la SFP, la veracruzana Aquapress –beneficiaria de contratos entregados supuestamente de manera ilegal por el senador Juan Bueno Torio, cuando éste encabezaba la dirección de Pemex Refinación– se adjudica un contrato por 68 millones de pesos.

 

 


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Favorecida por supuestos contratos irregulares por más de 375 millones de pesos, cuando el actual senador del Partido Acción Nacional por Veracruz, Juan Bueno Torio, se desempeñaba como director general de Pemex Refinación, Aquapress ahora es beneficiaria de una nueva adjudicación directa. La inhabilitación de la empresa, dictada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en marzo de 2007, fue insuficiente para la actual administración de la subsidiaria, encabezada por José Antonio Ceballos Soberanis, que le concedió un contrato por 67 millones 939 mil pesos.

En 2005, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación abrió una indagatoria contra Aquapress, SA de CV, integrada en el expediente 0289/2005, por el uso de documentos apócrifos, delito no sólo administrativo, sino penal del fuero federal. Derivado de las indagatorias, el 9 de marzo de 2007 el Área de Responsabilidades de la SFP determinó la inhabilitación de la empresa por un periodo de un año seis meses, vigente del 28 de marzo de ese año al 28 de marzo de 2008; se le impuso también una multa por 72 mil 540 pesos.

La inhabilitación se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, notificándose a todas las dependencias del gobierno federal, así como a las de las entidades federativas, “que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Aquapress, SA de CV”, por el periodo señalado. Sin embargo, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis en Pemex Refinación hizo caso omiso de la disposición de la SFP.

Bajo el argumento de un amparo temporal que Aquapress obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Refinación le asignó un contrato, vía adjudicación directa, por 67 millones 939 mil 50 pesos. Aunque el 6 de septiembre el mismo juzgado le revocó el amparo, los dos meses que lo tuvo fueron suficientes para que se beneficiara de la adjudicación GMTD-UPLC-AD-001/07, que la Gerencia de Mantenimiento, Terminales y Ductos le otorgó el 6 de julio de 2007, para dar mantenimiento a ductos de Veracruz en esa fecha y el 31 de octubre.


La historia
La Procuraduría General de la República (PGR) y la SFP investigan a más de 30 empresas contratistas de Pemex Refinación, la mayoría de ellas radicadas en Veracruz. Según las denuncias presentadas, en el sexenio pasado –cuando fue director de la subsidiaria el hoy senador Juan Bueno Torio– se habrían beneficiado, al margen de la ley, de millonarios contratos supuestamente a cambio de sobornos.

Entre estas empresas destaca Aquapress, SA de CV, que se constituyó e ingresó como contratista de Pemex Refinación en 2003, el mismo año en que Bueno Torio llegó a la dirección de la subsidiaria, designado por Vicente Fox. Sin experiencia en trabajos de remediación, entre 2003 y 2005, Pemex Refinación le adjudicó –sin licitación pública de por medio– cuatro contratos para este tipo de labores, cuyo monto total ascendió a 420 millones de pesos.

Uno de estos contratos fue por 376 millones de pesos para la biorremediación en el río Coatzacoalcos, asignación que, según el diputado federal Elías Cárdenas, implica un fraude contra la paraestatal del que responsabiliza a Bueno Torio.


El negocio
Ubicada en Francisco Hernández Córdova 34, colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz, Aquapress fue creada el 26 de marzo de 2003 por Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas Hernández, dos jóvenes comerciantes de 30 y 39 años de edad, originarios de Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con la escritura pública 25899, expedida por el notario Francisco Montes de Oca Zárate, la empresa se constituyó con 500 mil pesos. El 95 por ciento de las acciones son propiedad de Guadalupe Velásquez, quien es la administradora única, y el otro 5 por ciento, de Jorge Daniel Salas, quien es el director general.

En 2004, recibió su primer contrato: el SDSE-OPU83-102/2004, por 40 millones 677 mil 501 pesos. Se le adjudicó por vía directa el 13 de octubre, para “atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, limpieza, disposición final de maleza, restauración del cauce del arroyo Anteburro-Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas, diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio en el KM 280+352 en el Municipio de Omealca, Veracruz, área No. 3” (sic).

De acuerdo con las cláusulas, los trabajos debían realizarse entre el 13 de octubre de 2004 y el 9 de febrero de 2005, pero Aquapress no cumplió con el plazo fijado; sin embargo, lejos de penalizarla, como marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), el mismo día en que oficialmente debía concluir los trabajos, los funcionarios de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución en la región Golfo le otorgaron una prórroga de dos meses (de febrero a abril de 2005) y le incrementaron el pago 7 millones 230 mil 715 pesos más al monto inicial.

Un segundo contrato, 577-59210-059/2004, se le otorgó el 15 de octubre de 2004. También se trató de una adjudicación directa por 189 mil 137 pesos, para “remediación de suelo contaminado por hidrocarburos en el área circundante a la fosa de quema de la estación de bombeo Emilio Carranza”, en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Éste tuvo vigencia del 15 de octubre al 14 de diciembre de 2004.

El 29 de octubre se le adjudicó el contrato SDSE-SRO82-032/2004, por 329 mil 176 pesos para que hiciera la “evaluación del área afectada por fuga en el KM 1+300” del combustoleoducto, que va de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime a la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oaxaca”. Según el contrato, los trabajos debían realizarse desde el mismo 29 de octubre, pero Aquapress los hizo hasta el 12 y 13 de enero de 2005.


El supuesto fraude
En diciembre de 2004, tras la ruptura de un oleoducto en el municipio Nanchital, Veracruz, que derramó 5 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos –considerado el accidente más grave ocurrido hasta ahora en áreas de jurisdicción de Refinación–, Aquapress fue una de las empresas elegidas por Juan Bueno Torio para que remediaran la zona.

Según datos oficiales de Pemex, el 22 de diciembre, el mismo día del accidente, se le adjudicó el contrato SDSE-OPU81-174/2004, por 375 millones 871 mil 163 pesos, para “la atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, material contaminado y limpieza en la desembocadura del arroyo Tepeyac”.

El argumento para contratar sin licitación pública a Aquapress fue que contaba “con los recursos humanos y financieros suficientes, así como la experiencia respaldada con contratos ejecutados de la especialidad”.

A partir de diciembre de 2004 Aquapress trabajó en la zona y cobró sus facturas sin siquiera haber formalizado su relación con Pemex. El contrato se firmó hasta el 31 de mayo de 2005, es decir, el mismo día que concluían los trabajos, lo que podría implicar una serie de violaciones a la LOPSRM.

Más aún, el contrato, formalizado por Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, y Jorge Daniel Salas, fue enviado a la Subgerencia General de Mantenimiento de Minatitlán –la cual facturó los trabajos– hasta el 13 de septiembre de 2005, semanas después de que se le había pagado el monto total.

Entre las posibles violaciones a la LOPSRM destaca que el contrato fue firmado el 31 de mayo de 2005, lo que contraviene el artículo 47 de dicha ley que establece que la adjudicación del contrato obliga a la dependencia a formalizar el documento relativo durante los 30 días naturales siguientes.

Además, se incumplió el artículo 48 que establece que los contratistas deberán sustituir garantías dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato y por la totalidad del monto de anticipos. El trámite para la expedición de una fianza de cumplimiento del contrato inició el 4 de marzo de 2005, es decir, 70 días después de haber iniciados los trabajos.

La póliza de garantía se expidió el 20 de diciembre de 2005, siete meses después de que venció el contrato, lo que significa que los pagos y el contrato nunca tuvieron la garantía de cobertura que exige la LOPSRM.

Refinación cubrió el monto total del contrato en seis facturas, de las cuales cuatro fueron expedidas el 1 de junio y dos el 6 de junio de 2005. Los pagos fueron cubiertos el 15 de julio de ese año, de manera que el cumplimiento de los anticipos no estuvo garantizado, pues la póliza se extendió hasta diciembre.


Las deficiencias
Además de las irregularidades en la formalización del contrato, desde los primeros días en que Aquapress entró a trabajar a Nanchital, la organización ambientalista Greenpeace denunció que tanto ésta como las otras siete compañías contratadas por Bueno Torio, para biorremediar la zona, no hacían los trabajos de forma adecuada.

En enero de 2005, Greenpeace denunció que las compañías sólo removían el agua y tierra contaminada, la cual recogían en bolsas de plástico para posteriormente enterrarlo en otras zonas de Veracruz. A sus denuncias se unieron las de los lugareños, pescadores y autoridades locales, que develaban que, pese a los millonarios montos que la paraestatal designó para remediar la zona, que superaron los 3 mil millones de pesos, las compañías se limitaba a limpiar el hidrocarburo de las fachadas de las casas, lavaban las piedras del río, retiraban el manglar afectado e incineraban la arena contaminada. Nunca hubo biorremediación.

En el río Coatzacoalcos y sus inmediaciones, removían la tierra y le colocaban lirio encima, pero el 3 de febrero de 2005, un norte dejó al descubierto el lirio contaminado. El 20 de febrero se descubrieron más de 500 bolsas con residuos de petróleo y lirio abandonadas en las playas de Coatzacoalcos. En un comunicado, Greenpeace denunció que Aquapress las había confinado en esa zona y responsabilizó a Pemex de solapar la grave conducta de la empresa, incluso algunos supervisores de Refinación se negaron a dar visto bueno a los trabajos, necesario para que Pemex finiquite cualquier contrato.

La denuncia contra Aquapress se llevó hasta el Tribunal Ambiental Internacional, en el cual se documentaron las supuestas irregularidades de la compañía que provocaron, a tres años del desastre, que los efectos de la contaminación aún persistan en esa región de Veracruz.
No obstante los señalamientos, en 2005, Aquapress entró como contratista a Pemex Exploración y Producción (PEP), con la asignación del contrato 415115846, por un millón 492 mil pesos, que el 4 de marzo de 2005, le entregó, también sin licitación pública, el área de Recursos Materiales en Villahermosa, para la “restauración de exbatería Arjona, del Activo Integral Cinco Presidentes”, vigente del 4 de marzo al 4 de junio de 2005.

El 6 de mayo de ese año, la unidad de contratos Región Sur de PEP le adjudicó el 415135973, por 1 millón 254 mil 933 pesos, vigente del 6 de mayo al 3 de agosto de 2005, para la restauración de la batería Cinco Presidentes, en el campo petrolero del mismo nombre.

El 23 de mayo de 2005, la misma área le otorgó el contrato 425026823, por 2 millones 629 mil 763 pesos, vigente del 23 de mayo al 28 de agosto de 2005. Dicho contrato se formalizó hasta el 19 de abril de 2006, ocho meses después de que concluyó el término original, lo que lo pone en la misma situación de supuestas violaciones a la LOPSRM, que las del contrato SDSE-OPU81-174/2004, es decir, que se le otorgó sin que cumpliera requisitos como la fianza del contrato.

El 18 de noviembre de 2005, la Superintendencia General de Adquisiciones y Contratos de Bienes de Pemex Refinación –también en Veracruz– le adjudicó la licitación 18576155-031-05, del rubro de adquisiciones, por 2 millones 111 mil 379 pesos para la compra de equipo de buceo, protección y botiquines de primeros auxilios


Relación veracruzana
Elías Cárdenas Márquez, diputado federal del partido Convergencia explica que, derivado de una denuncia que le llegó a su oficina en el Congreso de la Unión sobre las supuestas irregularidades del contrato asignado a la empresa Aquapress para los trabajos en Nanchital, realizó un análisis jurídico que determinó un fraude que asciende al monto total pagado, en virtud de que el contrato no debió proceder.

“Es un fraude que se suma a los tantos que hay en Pemex, por la cantidad de 375 millones de pesos, que se dio a esta empresa Aquapress, integrada por dos jóvenes veracruzanos unos meses antes, desde luego sin que esta empresa tuviera ni la capacidad, ni estaba acreditado ningún otro trabajo, ni experiencia, ni probada solvencia moral ni económica”.

—¿Cuál sería la responsabilidad del hoy senador Juan Bueno Torio?
—Existe una responsabilidad solidaria de quien entonces dirigía un sector de nuestra principal industria, que es Pemex. Indudablemente todos los actos que se cometieron durante su gestión le son en cierta manera imputables, porque si bien es cierto y casi sería imposible que él hubiera firmado todos y cada uno de los contratos, en virtud de que se delegan, también es cierto que tiene la responsabilidad de los funcionarios que firmaron a su nombre, aunado a que ellos actuaron bajo sus órdenes.

El legislador asegura que el desempeño de Juan Bueno Torio al frente de Refinación “fue sumamente irregular y, aunque sólo he analizado este contrato, seguramente en los cientos o miles que se firmaron bajo su dirección hay irregularidades. Juan Bueno Torio va a tener que demostrar que él no tuvo ninguna responsabilidad en el asunto de Aquapress, pero creo que no lo podrá demostrar, pues él es responsable de este fraude”.

Cárdenas Márquez, quien preside la tercer comisión especial de legisladores que indaga el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, comenta que notificó al titular de Pemex, Jesús Reyes Heroles, “la complicidad” de Juan Bueno Torio en el fraude de la empresa Aquapress; sin embargo, dice, Reyes Heroles no ha actuado al respecto.

“No sé por qué se favoreció a estos jóvenes empresarios con un contrato de tantos millones de pesos, si ni siquiera acreditaban experiencia técnica ni económica para realizar los trabajos. Sin embargo, hay circunstancias que rodean este contrato, que me hacen pensar que debe haber una relación, es decir, son de Veracruz, al igual que Juan Bueno Torio. La empresa está registrada en Coatzacoalcos, los trabajos que se realizaron fueron en la zona de Nanchital. El contrato fue directo, no hubo licitación como prevé la ley, pero, sobre todo, el contrato se firma el mismo día que termina su vigencia, y esto no es posible.”

El legislador agrega que se trata “de una enorme irregularidad, porque en el mundo de los negocios y las empresas los contratos tienen una vigencia, y más en este caso, donde debían haberse entregado las fianzas, y el simple hecho de no cumplir este requisito invalidaría el contrato, pero se pagó aún antes de que se firmara.
—¿Juan Bueno Torio lo ha buscado?
—Sí, efectivamente, a través de un intermediario me ha buscado para que platiquemos sobre este asunto, en virtud de que él señala que él no tiene ninguna relación con la empresa.

—¿Estaría involucrado?
—Yo sostengo que sí, porque hay una responsabilidad solidaria de parte del área que él dirigía, que era Pemex Refinación. Un subordinado del senador Bueno Torio firmó este contrato y él tenía la obligación de saber de la existencia de este contrato y que se firmaba en esos términos tan irregulares en que se hizo.

En conversación telefónica, Jorge Salas, director general de Aquapress, señala: “No soy la única empresa que trabajó allí. Somos nueve empresas y todas estamos en la misma situación. Entonces todos cometimos el fraude”. Aunque se compromete a entregar las pruebas que, según él, demuestran que no hay irregularidades en los contratos que le ha otorgado Pemex, en días posteriores se negó a tomar la llamada.
Contralínea Veracruz solicitó entrevistas con Jesús Reyes Heroles, director General de Petróleos Mexicanos, y José Antonio Ceballos Soberanis, director de Pemex Refinación, para que explicaran las adjudicaciones directas a favor de esta empresa, pero fueron negadas.

 

Yo no fui, que investigue la ASF: Bueno Torio

El senador Juan Bueno Torio reta al diputado Elías Cárdenas Márquez a que presente pruebas que lo involucren en el fraude de la empresa Aquapress y que denuncie ante las instancias correspondientes.
Además, el legislador panista reclama que la contratación de Pemex a Aquapress “no es competencia” de la comisión que preside Cárdenas, diputado por Convergencia: “El diputado Elías está investigando a los hijos de la señora Marta Sahagún. Entonces esa investigación no entra en el ámbito de lo que él investiga”.
Sin embargo, reconoce que Elías Cárdenas tiene el derecho de “pedir a la Comisión de Vigilancia que le hagan llegar todos los elementos a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie una auditoría”.
Bueno Torio, exdirector de Pemex Refinación, dice que la adjudicación directa que durante su gestión se otorgó a Aquapress fue “atípica”, porque se derivó de un siniestro. Asegura que él no tenía trato directo con los contratistas de la paraestatal: “Refinación maneja más de 10 mil contratos, imagínate si el director tuviera que ver todos los contratos”.
—¿Cree usted que hubo corrupción de los funcionarios a su cargo?
—Yo no puedo calificar. Yo creo que no. Sin embargo, tendrá que hacerse la auditoría y tampoco tengo los elementos para poder evaluar esa circunstancia, entonces aquí lo conducente no es lo que yo crea, o lo que crea cualquier otra persona, sino lo que defina la ASF.
—El siniestro fue en diciembre de 2004, y no hubo pólizas, ni fianzas. No se cumplió con ninguno de los requisitos que mandata la Ley de Obra Pública, ¿es así en todos los casos, siempre que hay un accidente, se procede de esa manera?
—Siempre que hay un accidente se llama a las empresas que normalmente atienden ese tipo de problemas y se les distribuye el trabajo. Al accidente de Nanchital llegaron 25 empresas a atender la emergencia. Posteriormente se fueron quitando, hasta que quedaron 14 empresas, hasta que terminaron todo. Una vez que terminaron los trabajos se validaron los volúmenes de obra, los precios unitarios y más o menos se homogeneizó con todas las empresas que participaron y luego se hicieron los contratos.
—¿Hubo trato preferencial para Aquapress?
—No, seguramente hubo algunos acuerdos autorizados con el comité de adquisiciones, con los mecanismos que tiene la empresa para resolver este tipo de conflictos.
Bueno Torio sabe que el Órgano Interno de Control (OIC) investiga los contratos asignados a la empresa Aquapress: “Tengo entendido que está haciendo una revisión a fondo de los mecanismos en torno al siniestro que ocurrió en Nanchital. Ahí está una auditoría en curso, hay un pliego de observaciones, y todos los supervisores de obra, todos los representantes y funcionarios de la empresa están bajo investigación y estarán atendiendo las observaciones que hizo el propio Órgano Interno de Control en Pemex Refinación”.
—¿Cuánto se invirtió en el saneamiento de Nanchital?
—No recuerdo cuánto fue. Fue un derrame enorme, de grandes consecuencias, de grandes proporciones. Se contaminaron muchísimas toneladas.
—¿Por qué escogió usted a estas empresas para que atendieran el desastre más grave que ha ocurrido en Refinación?
—Yo no las escogí. La empresa tiene su propio mecanismo en la asignación de contratos. Cuando hay una emergencia llegan todas y ahí se forma un grupo de trabajo, donde se asignan las superficies de remediación a las empresas que tienen la capacidad para atender este siniestro. A todas las empresas que llegan, se les busca un espacio para que trabajen, porque lo que importa es corregir inmediatamente las consecuencias de estos derrames.
—¿Sabía usted que el OIC abrió una denuncia contra Aquapress por el uso de documentos apócrifos, en la gestión en que usted estuvo en la dirección de Refinación?
—No sabía.
—¿Qué opina usted, como integrante de la Comisión de Energía del Senado, que Pemex contrate a este tipo de empresas?
—Lo que se tiene que hacer y que no se ha logrado es hacer una calificación previa, que alrededor de 12 o 15 empresas en todo el país les den una licitación pública, nada más sobre precios unitarios, de todo lo que implica un derrame. Si es arena en las playas, en suelos, en ríos, o lirio, todas las variables que pueden presentarse en una eventualidad, salir a licitarlas con base en precios unitarios.
—¿Se debe sanear Pemex de las empresas defraudadoras?
—No, yo no estoy diciendo eso, porque yo no puedo calificar si una empresa es defraudadora o no. No sé si haya hecho alguna empresa algún fraude. Eso lo definirá la Auditoría Superior de la Federación o el Órgano Interno de Control o Petróleos Mexicanos o la Secretaría de la Función Pública.
—La SFP inhabilitó a la empresa que su administración contrató, ¿es sano para Pemex que se haga una limpieza de este tipo de empresas?
—En la propia ley se establecen los mecanismos para no contratar empresas que hayan sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o el propio Órgano Interno de Control. Ya existen los mecanismos para cuidar a la empresa (Pemex) y no sólo a la empresa, sino a todo el gobierno federal.
—¿Por qué creyó Refinación que Aquapress era confiable para este tipo de trabajos, que es el argumento que se utilizó para asignarle el contrato?
—Seguramente la Gerencia de Almacenamiento y Distribución de la Región Golfo, evaluó y seleccionó en función de los trabajos de remediación que estas empresas hicieron con otras subsidiarias de Pemex.
—Pues aquí no es el caso porque Aquapress no tenía un historial de trabajo en Pemex.
—No sabía.
—¿Cree que hubo corrupción de su subordinado Pedro Carlos Gómez Flores, quien firmó el contrato con Aquapress?
—Ése es un análisis que tiene que hacer el propio OIC en la evaluación que está haciendo de todo este proceso. Yo no puedo calificar eso hasta que no se concluya la auditoría. Tengo conocimiento de que hay observaciones de los funcionarios que hicieron ese proceso de adjudicación y que ya se están atendiendo.
El senador aclara que “todos los procesos de este tipo en Pemex se auditan. En el mes de enero de 2005, solicité al OIC en Refinación que le pusiera vigilancia a todo este procedimiento, que estuvieran cercanos a la operación. De hecho, se decidió contratar una empresa para que vigilara y revisara todos los trabajos hechos y ayudara a la evaluación de los precios unitarios. Se trataron de establecer los mecanismos para que se garantizara la mayor transparencia en los trabajos de remediación”.
—Usted habla de las excepciones para otorgar un contrato en estas condiciones, ¿es válido que una póliza se presente hasta después de terminado el trabajo e incluso que se cubrió el pago?
—No, se debe presentar como establece el propio contrato. Como éste fue un procedimiento atípico, seguramente la fianza se entregó antes de que se emitiera el pago, que eso es lo conducente. Si no, el área de finanzas no hubiera pagado.
—Y ocurrió senador, esto es lo más atípico del contrato.
—Entonces la investigación que está haciendo el OIC en Pemex Refinación deberá revisar eso y deberán identificarse los porqués de estas circunstancias. (ALP)

 

 

 

Publicado: Agosto 2008 / Año 3, No. 18



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